Ius Omnibus es una asociación para la protección de los consumidores sin ánimo de lucro constituida con arreglo a las leyes de Portugal en el año 2020. Nace con el objetivo de proteger y defender los intereses de los consumidores europeos de forma transparente y rápida, pretendiendo crear un nuevo paradigma de legalidad y acceso a la justicia para todos, y acabar con la impunidad civil de la que se han beneficiado las empresas en toda la Unión Europea cuando vulneran los derechos de los consumidores.
Ius Omnibus nace para promover un escenario en el que las empresas asuman la responsabilidad de indemnizar a los consumidores cuando vulneren sus derechos. Esto no solo disuadirá a las empresas de infringir la ley, sino que también garantizará que todos los afectados puedan recibir una compensación justa cuando se vulneren las normas.
Nuestro objetivo es promover la eficacia de la justicia para los consumidores europeos.
Ius es una asociación de consumidores registrada en Portugal, con un escaño en el Consejo Nacional de Consumidores portugués y más de 7.000 miembros.
Ius Omnibus es una organización sin ánimo de lucro.
El modelo de financiación de Ius Omnibus se distingue del de otras asociaciones de consumidores en la medida en que busca garantizar la plena independencia de la asociación, tanto frente a las autoridades públicas como a los intereses económicos privados.
Ius Omnibus emprenderá acciones legales de distinta magnitud en atención, no a la importancia de los intereses representados, sino a la entidad de la inversión requerida. Las acciones legales de mayor envergadura que pretendemos ejercitar requieren inversiones económicas de varios cientos de miles de euros. Esta es, de hecho, la razón por la cual, hasta ahora, nunca se han emprendido este tipo de acciones en nuestro entorno. Ni los consumidores individuales ni las asociaciones de defensa de los consumidores tienen la capacidad para asumir dichas inversiones, y tampoco existen fondos públicos destinados a este propósito.
Ius Omnibus supera esta carencia utilizando un mecanismo aún poco empleado en nuestro entorno: los acuerdos de financiación de litigios («litigation funding»). Las demandas de mayor envergadura impulsadas por la asociación son íntegramente costeadas por financiadores internacionales de litigios, quienes cubren todos los gastos del proceso, así como los costes operativos de Ius Omnibus relacionados con la tramitación de esas acciones.
Estos financiadores asumen todo el riesgo asociado al buen desenlace de las acciones legales, por lo que sus inversiones se dirigirán a casos que consideren bien fundamentados y con altas probabilidades de obtener un resultado favorable. Los financiadores únicamente obtendrán retorno por su aportación económica si Ius Omnibus gana el litigio, y siempre en la medida, forma y proporcionalidad autorizadas por el tribunal en cada caso concreto. Todos los acuerdos de financiación incluyen cláusulas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y transparencia en cuanto a la procedencia de los fondos.
Gracias a este sistema, los consumidores no tienen que correr con ninguno de los gastos derivados del ejercicio de estas acciones. En caso de éxito, cualquier consumidor que reclame su parte de la indemnización, tal como sea determinada por el tribunal, recibirá íntegramente la cantidad que le corresponda, sin necesidad de renunciar a ninguna parte para cubrir los costes de la acción. Estos costes son asumidos por las empresas infractoras y se financian, además, con la parte de la indemnización no reclamada por los perjudicados.
De acuerdo con la regulación portuguesa de la acción colectiva (denominada «acción popular» en Portugal), en caso de ganar alguna de estas acciones, el resto de la indemnización total no reclamada por los consumidores se entregará al Ministerio de Justicia para promover el acceso a la justicia y el ejercicio de futuras acciones colectivas. A medio plazo, el ejercicio de estas acciones creará un fondo de financiación pública para la defensa judicial de los derechos de los consumidores.
Todos los contratos de financiación de litigios de Ius Omnibus incluyen cláusulas que prohíben a los financiadores influir o tener poder de decisión sobre las acciones que financian, lo que los convierte en financiadores completamente independientes de la gestión. En todos sus litigios, Ius es la única entidad responsable de tomar todas las decisiones relativas a la continuación del litigio, incluida la presentación y retirada de reclamaciones, así como la celebración de acuerdos. Los financiadores reciben una propuesta de Ius en la que se exponen los riesgos y la estrategia del caso, y llevan a cabo su propio análisis de la viabilidad del caso o due diligence. Tras este proceso deciden si desean financiar el caso, sin poder intervenir en él. Los financiadores simplemente reciben información con regularidad sobre la evolución del caso. Ius Omnibus orienta su propia actuación e instruye a los abogados encargados de las acciones judiciales para que actúen siempre en interés de los consumidores, así como para que rechacen todas y cada una de las instrucciones de los financiadores. Además, Ius diversifica sus fuentes de financiación para garantizar que sus ingresos proceden de diversos financiadores.
Ius Omnibus no opera en ningún mercado, no suministra bienes ni servicios y carece de conflictos de intereses con cualquier empresa. Los procedimientos internos de Ius Omnibus garantizan que ningún miembro del Consejo pueda tomar parte en una decisión del Consejo en la que él mismo, o alguno de sus parientes cercanos, tenga un interés personal o económico.
Antes de firmar un acuerdo de financiación con cualquier posible proveedor, Ius Omnibus realiza las comprobaciones pertinentes para confirmar la ausencia de conflictos de intereses. En particular, se asegura de que el financiador no compita con las empresas demandadas y no se encuentre en una relación de subordinación u ostente el control sobre cualquiera de ellas.
Junto a las acciones colectivas mencionadas anteriormente, Ius Omnibus también pretende promover demandas de menor envergadura, que no requieren grandes inversiones. Estas acciones se financian gracias a una combinación de los escasos recursos de la asociación, trabajo pro bono y remunerando a los abogados con componentes de honorarios diferidos y/o honorarios a éxito.
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