Por primera vez en Portugal, una empresa está obligada a permitir la consulta de los documentos confidenciales necesarios para evaluar y probar la existencia de un derecho a indemnización por prácticas anticompetitivas (exclusivamente para este fin).
La cadena hotelera Meliá confesó y fue condenada por la Comisión Europea por restringir la competencia en la venta de noches en sus hoteles.
La decisión de la Comisión Europea fue muy escueta y no permitía conocer cómo y cuánto se había perjudicado a los consumidores.
Hasta la fecha, Meliá no ha pagado ninguna indemnización. Las empresas suelen librarse de pagar indemnizaciones en estos casos porque, aunque sean multadas, los consumidores no pueden acceder a la información necesaria para darse cuenta de que han sido perjudicados y demostrarlo ante los tribunales.
La decisión de ayer del TCRS (aún no definitiva) es un primer paso para cambiar esta realidad.
Poco a poco, estamos avanzando hacia una justicia real y efectiva para todos.
Puedes leer la notificación de la sentencia aquí.